Denuncian que nuevas legislaciones sobre salud reproductiva agravan crisis de servicios médicos en Puerto Rico
- amandalrodriguezdu
- May 8
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Organizaciones de derechos reproductivos advirtieron que las nuevas leyes han generado incertidumbre legal entre profesionales de la salud y personas gestantes, lo que podría afectar el acceso a servicios médicos en la isla
Más de 30 organizaciones de salud y derechos humanos denunciaron que las legislaciones recientes sobre la salud reproductiva agravan la limitada disponibilidad de servicios médicos en Puerto Rico, al generar incertidumbre entre profesionales y dificultar el acceso de pacientes.
Ante la crisis del sistema de salud obstétrica, marcada por el cierre de al menos 12 salas de parto en los últimos años, la falta de personal especializado y los altos costos operativos, las organizaciones sostienen que las medidas legislativas recientes profundizan las debilidades del sistema.
Durante los últimos cuatro años se han aprobado varias medidas, como el Proyecto del Senado 923, aprobado en enero de 2026, que propone clasificar al concebido como “ser humano” y tipificar su muerte intencional como asesinato. También figura la Ley 122 de 2025, que exige consentimiento parental y el referido al Departamento de la Familia en casos de terminación de embarazo en menores de 15 años.
“Estas leyes crean confusión y son intencionalmente amplias, causando confusión sobre cómo las personas pueden o no ejercer dicha autonomía”, reclamó Pili Montilla, en representación del Instituto Nacional Latinoamericano por la Justicia Reproductiva.
Durante la conferencia de prensa convocada por Colectiva Feminista en Casa Cole, se argumentó que ante la confusión legal sobre qué tratamientos se pueden ofrecer y el temor en médicos a consecuencias legales, se podría anticipar la práctica de la medicina defensiva, la negación o retraso de servicios y menos proveedores dispuestos a atender a los pacientes.
“Las salas de parto continúan cerrándose. Eso quiere decir que las personas que viven en lugares particulares de la isla tienen que transportarse por más tiempo, y el tiempo de espera también aumenta. Hay menos ginecólogos obstetras atendiendo a esa población que otras”, expresó Tania de Jesús, directora de la organización Caderamen.
No obstante, las organizaciones reafirman que aunque las legislaciones pretenden impulsar la criminalización del aborto en el país, este servicio sigue siendo legal.
“Estos problemas también se reflejan en los escenarios hospitalarios. Las personas que deciden gestar y tener un bebé enfrentan situaciones de violencia, acceso limitado a servicios y, en ocasiones, coerción para parir de maneras que no desean”, explicó una integrante de la Asociación de Parteras de Puerto Rico, quien añadió que quienes optan por continuar sus embarazos también enfrentan dificultades durante la crianza tras el parto.
Ante las restricciones de educación sexual en las escuelas
Debido a las restricciones en la educación sexual y reproductiva en las escuelas públicas, las organizaciones advierten que esto limita las medidas de prevención, lo que a su vez aumenta la necesidad de servicios y capacitación, en un contexto donde estos ya son escasos en la isla.
“Es vital la educación con perspectiva de género y la educación sexual integral, que forma parte de nuestros reclamos, debido a que el 52% de los casos de agresiones sexuales a menores en Puerto Rico ocurren en el núcleo familiar. Por eso, exigimos que esta educación llegue a las escuelas, que sea pública y que todas las personas conozcan el consentimiento, qué es permitido, qué no lo es y dónde denunciar”, reclamó la licenciada Rosa Seguí Cordero.
Como medida proactiva, las organizaciones también propusieron desarrollar estos contenidos desde espacios comunitarios, ante las limitaciones impuestas por las agencias gubernamentales.
“No tenemos derecho a hablar de educación sexual integral de manera formal en nuestras escuelas y eso limita también lo que son los espacios de prevención para la violencia sexual. En efecto, nosotros reiteramos que como parte de las justicias reproductivas debemos atender el tema de educación sexual integral y lo vamos a hacer desde todos los espacios que nosotros podamos hacerlo”, acertó Enid Pérez Rodríguez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Para exponer sus reclamos, la Colectiva Feminista en Construcción, junto a Aborto Libre Puerto Rico y otras organizaciones, convocarán la Marcha por la Justicia Reproductiva este jueves a las 5:00 p.m., desde la avenida Muñoz Rivera, entre la clínica Darlington y el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, y hacia la plaza que está frente a la Iglesia Santa Rita.
Enlace a noticia publicada en El Nuevo Día:
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